.En un fallo histórico que marca un punto de quiebre en San Luis Potosí, la justicia federal ha dado la razón a la ciudadanía organizada y ha sentenciado que el Gobierno del Estado y el Congreso local han incumplido su deber constitucional al omitir asignación de recursos para la atención de la comunidad LGBTIQ+.

La resolución es clara: Debido a la violencia y a la discriminación, las personas de la comunidad LGBTIQ+ tienen dificultades para acceder al empleo, salud, educación, y más derechos, por lo que, ante esta realidad, el gobierno no puede ser indiferente.

En consecuencia, se ordena la asignación inmediata de partidas económicas destinadas a atender este estado de desigualdad.Este logro representa un paso fundamental en la exigencia de derechos por parte de la comunidad y responde a un esfuerzo profundamente colectivo.

Aunque la acción legal fue promovida por Francisco Olvera Herrera y el activista Jorge Álvaro Colunga López, es resultado de años de organización, resistencia y trabajo comunitario sostenido por personas que, desde la práctica, han enfrentado el abandono institucional.

Durante todo este tiempo, el Refugio Orquídea, albergue para personas LGBT en SLP, ha sido mantenido con recursos propios y con la voluntad de múltiples personas que, desde el inicio, han acompañado, sostenido y creído en este proyecto cuando el Estado estuvo ausente.Al respecto, Francisco Olvera Herrera señaló:“Hemos sostenido la vida de nuestra comunidad con lo que hemos tenido a nuestro alcance, frente a la omisión del Estado. Esta resolución no es una sugerencia, es una obligación jurídica. Este dinero público debe llegar a donde siempre ha sido necesario: a quienes sostienen la vida todos los días”.Un mandato para garantizar derechos, no para simular avances.

La sentencia obliga a que los recursos atiendan las múltiples condiciones de precariedad que atraviesan a la población LGBTIQ+, considerando además si son mujeres, si pertenecen a comunidades indígenas, si son personas con discapacidad, personas adultas mayores en abandono, así como si son niñas, niños y adolescentes.

Este precedente redefine la relación entre el Estado y la sociedad civil:Es un derecho colectivo:

Los recursos deben ser un apoyo para organizaciones, refugios y comedores LGBTIQ+ que han operado históricamente desde la precariedad.Justicia en lo material: No se trata únicamente de reconocimiento simbólico, sino de garantizar acceso real a alimentación, empleo y salud.Fin a la discrecionalidad: La asignación presupuestaria deja de depender de voluntades políticas y se establece como una obligación permanente.

Un llamado al acompañamiento y a la acción comunitaria.Francisco Olvera Herrera enfatizó:“Hacemos un llamado a las organizaciones a mantenerse vigilantes.

No vamos a permitir simulaciones. Este logro es de la comunidad, y la comunidad lo va a defender”.Reconocimiento al acompañamiento jurídico.

Este logro no habría sido posible sin el acompañamiento de Amicus DH, asociación civil con sede en León, Guanajuato, que desde 2015 trabaja en la defensa y promoción de los derechos de las personas LGBTIQ+ en México, contribuyendo a la construcción de un país incluyente y libre de discriminación mediante el uso de los derechos humanos como herramienta de cambio social.

Se reconoce de manera especial la labor de sus representantes legales:Lic. Juan Pablo Delgado y Lic. Juan Cueva, cuyo trabajo ha sido fundamental para alcanzar esta resolución.La justicia federal ha sido clara.

Ahora corresponde al Estado cumplir.Contacto de prensa:Francisco Olvera HerreraFundador de Refugio Orquídea / Comedor OrquídeaSan Luis Potosí, S.L.P.