La fractura entre la comunidad LGBT+ y el gobierno de San Luis Potosí tocó fondo esta semana.

Activistas y organizaciones civiles evidenciaron el colapso en la atención médica para esta población Y lanzaron una dura advertencia al gobernador Ricardo Gallardo Cardona: o se disculpa públicamente por sus comentarios discriminatorios y capacita a sus funcionarios, o enfrentará una ola de demandas a nivel nacional. Kenia Cuevas, reconocida defensora de derechos humanos, fue contundente al señalar que la comunidad está harta de ser tratada como «chiste» y dejó claro que, como contribuyentes y seres humanos, no serán «títeres» de la actual administración.

El reclamo político viene acompañado de una emergencia sanitaria. Miguel Izquierdo, de Fundación Genoveva, expuso una realidad alarmante: la desconfianza hacia la Secretaría de Salud es tal que las ONG están absorbiendo hasta cuatro veces más pacientes con VIH que la propia dependencia estatal, debido al trato inadecuado que reciben en las clínicas públicas. La tensión es tan alta que los colectivos tuvieron que recurrir a un amparo federal para obligar al gobierno a vacunar contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) a grupos de riesgo, tras la negativa de las autoridades locales a aplicarlas pese a los protocolos internacionales.

Durante un encuentro con medios, respaldado por Casa de las Muñecas Tiresias A.C., los activistas dejaron claro que el Estado ha abandonado su deber de prevención. Además de exigir que se garantice un trato digno en los hospitales, anunciaron que impulsarán reformas legislativas para que el cambio de identidad jurídica de las personas trans sea un trámite completamente gratuito.

📸 Arturo Álvarez – @ClaroscuroSLP