La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta una carpeta de investigación por una denuncia relacionada con presuntas agresiones físicas, amenazas de muerte e intimidaciones derivadas de un conflicto por la posesión de un terreno ubicado en el municipio de Cerro de San Pedro.
La denunciante, Blanca Estela Hernández Martínez, señaló que busca que las autoridades agilicen las diligencias correspondientes y se le otorguen medidas de protección ante los hechos que, asegura, ha enfrentado desde 2023.
De acuerdo con su declaración, el 14 de mayo de ese año acudió a un predio ubicado entre las calles Independencia y Arroyo San Nicolás, el cual afirma es de su propiedad.
En el lugar encontró a varias personas dentro del inmueble y, al solicitar información sobre la ocupación del terreno, señaló haber sido presuntamente agredida por J. Santos Nava Arista, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Ángel de Jesús Nava Loredo.
Hernández Martínez indicó que durante ese encuentro habría sido empujada, jalada del cabello y escupida, además de recibir amenazas en su contra. Asimismo, señaló que posteriormente detectó excavaciones y trabajos para iniciar una obra dentro del predio.
La denunciante agregó que al acudir nuevamente al sitio recibió insultos y amenazas, además de reportar llamadas telefónicas intimidatorias y visitas a su domicilio de personas que identifica como relacionadas con el Ayuntamiento de Cerro de San Pedro.
También aseguró que el alcalde tendría conocimiento del conflicto y relató que, al cuestionarlo sobre las acciones atribuidas a su padre, éste presuntamente habría señalado que el terreno pertenecía a su familia.
El abogado Antonio Pérez informó que el caso se encuentra registrado bajo la carpeta de investigación 18077/23 y explicó que la afectada dejó de dar seguimiento al proceso durante un periodo debido al temor provocado por las amenazas que refiere haber recibido.
La defensa legal busca que la investigación sea canalizada a un área especializada en delitos contra las mujeres, además de solicitar medidas de protección para la denunciante.
También propuso la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de las Mujeres y atención psicológica para Hernández Martínez.
